Según las estimaciones
mundiales más recientes, unos 120 millones de niños de 5 a 14 años de edad se
encuentran en situación de trabajo infantil; en este grupo de edad, las niñas
tienen más posibilidades de ser explotadas y de no acudir al colegio. La persistencia del trabajo
infantil tiene sus raíces en la pobreza, la falta de trabajo decente para los
adultos, la falta de protección social y la incapacidad para asegurar la
asistencia de los niños a la escuela hasta la edad mínima legal de admisión al
empleo.
Un gran número de niños y
sobre todo de niñas hacen trabajos domésticos, remunerados o no, en los hogares
de terceras personas. Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad
y lo habitual es que se encuentren aisladas y alejadas de sus familias. Por
ello, estas menores son particularmente vulnerables a la explotación y las
historias de abuso son muy frecuentes.
Conviene resaltar que existen formas de esclavitud o prácticas
análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niñas/os, la servidumbre por
deudas y la condición de siervo/a, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niñxs para utilizarlos en conflictos
armados. Además de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñxs para
la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.
En 2002, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como Día Internacional
contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del
problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los
gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, y todas y cada una/o
de nosotras/os.
Este año, en el Día mundial
contra el trabajo infantil se hace un llamamiento a favor de una educación de
calidad, gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas hasta por lo menos
la edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para llegar a
aquellos niños y niñas actualmente en situación de trabajo infantil; nuevos esfuerzos
para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación
sean coherentes y eficaces y políticas que garanticen el acceso a una educación
de calidad e inversiones en personal docente.
