La
convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981
en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas Las
hermanas Mirabal en República Dominicana.
En
1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 invitando a
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a
convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el
problema de la violencia contra la mujer
Manifestamos
nuestro más contundente rechazo a la Violencia contra las Mujeres; una
sangrante consecuencia de la discriminación y de la ausencia de prevención,
protección y derechos necesarios para combatir lo que constituye una flagrante
violación de los Derechos Humanos.
Denunciamos
que durante 2015 han sido asesinadas 60 mujeres y 38 en lo que va de 2016, en
un contexto de políticas y actuaciones institucionales prácticamente
inexistentes, con un gobierno que ha ignorado su responsabilidad para combatir
y eliminar la violencia contra las mujeres, una prioridad que debe considerarse
una cuestión de Estado.
Los
recortes en políticas de igualdad y contra la violencia de género, sumados a la
falta de compromiso en la prevención de la violencia de género, por parte del
Gobierno, impiden reducir la violencia estructural que se ha visto agravada por
factores como el desempleo de las mujeres, la precariedad laboral, la
feminización de la pobreza, la desprotección social, los retrocesos en
educación para la igualdad, y la pérdida de derechos laborales y sociales.
Denunciamos
déficits en el desarrollo, aplicación y evaluación de la Ley orgánica 1/2004
contra la violencia de género y de la Estrategia Nacional para la erradicación
de la violencia contra la mujer (2013-2016), carencias que se evidencian en los
ámbitos laboral, policial, jurídico, servicios sociales, sanitario y educativo.
Resulta impactante que, en 2015, de las 60
mujeres asesinadas solo 9 presentaron denuncia y solo 4 tenían medidas de
protección en vigor. En el ámbito policial y judicial hay que analizar los
distintos mecanismos y eslabones que fallan en la cadena de atención,
seguimiento y protección de las víctimas; la deficiente coordinación
institucional y policial y entre los órganos y servicios judiciales; el
insuficiente número de juzgados de violencia, de Unidades de valoración
integral del riesgo; la falta de formación en materia de igualdad y contra la violencia de operadores, profesionales y del
personal que atiende a las víctimas; son cuestiones prioritarias que debe
abordar el nuevo Ejecutivo.
Es
urgente abordar el problema del altísimo número de solicitudes de órdenes de
protección que son denegadas, el 38% de las 36.292 que fueron solicitadas en
2015 en los Juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone la indefensión
y la imposibilidad de acceder a los derechos establecidos como víctimas de la
violencia de género.
En
el ámbito laboral, resulta alarmante el escaso uso de prestaciones y derechos
laborales que vienen haciendo las mujeres víctimas de violencia, el
insuficiente desarrollo de medidas para la contratación y fomento del empleo y
la ausencia de colaboración institucional con las organizaciones sindicales que
podría garantizar el acceso a los derechos y la difusión de las bonificaciones
existentes.
El
ámbito sanitario adolece de la adecuada coordinación multidisciplinar para la
detección y el tratamiento de las situaciones de violencia contra las mujeres
en los centros sanitarios.
Los
ámbitos educativo y de medios de comunicación siguen mostrando evidencias de
sexismo, ya que no se desarrollan las estipulaciones de la normativa
igualitaria y la LOMCE ha supuesto un grave retroceso en la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres, clave para combatir la desigualdad
estructural en la que se asienta la violencia contra las mujeres.
Asimismo,
rechazamos las agresiones sexuales a mujeres que se vienen produciendo en
distintas fiestas populares, y que este año han tenido una mayor visibilidad
mediática que ha permitido el rechazo social y la demanda de las organizaciones
de mujeres y la sociedad civil de políticas públicas de prevención y de
atención social y judicial.
Es
por ello que demandamos al nuevo Ejecutivo atender las obligaciones del
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul 2011) vigente desde 2014,
así como las Recomendaciones del Comité CEDAW de Naciones Unidas, que señalan
que la lucha y los recursos deben incluir todas las agresiones sexuales contra
las mujeres en la vida social, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata
con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las
violencias machistas.
Demandamos
la corrección de los déficits existentes en la aplicación de la Ley orgánica
1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y
manifestamos nuestra voluntad de colaboración institucional para una aplicación
integral, completa y eficaz en la erradicación de todas las violencias contra
las mujeres.
DEMANDAMOS:
•
Un Plan integral para la igualdad y contra la violencia de género, efectivo y
consensuado con los agentes sociales, que ofrezca soluciones reales y efectivas
contra la violencia machista.
•
Implementar nuevas actuaciones y medidas para la contratación y fomento del
empleo de las mujeres víctimas de la violencia de género.
•
Garantizar y asegurar la difusión de información del conjunto de recursos,
derechos y prestaciones existentes.
•
Impulsar campañas de sensibilización y formación en el ámbito laboral contra la
violencia de género
•
Abordar la problemática del alto número de denegaciones de Órdenes de
Protección que imposibilita la acreditación como víctima y el acceso a los
derechos y prestaciones.
•
Optimizar la coordinación institucional y cooperación judicial y policial entre
el conjunto de las Administraciones públicas y los distintos profesionales
implicados.
•
Implantar una educación basada en valores de igualdad entre mujeres y hombres,
con la implicación del conjunto de las administraciones educativas,
profesionales y familias.
•
Desarrollar una atención sanitaria integral, mediante el establecimiento de
equipos multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia y prevención
de la violencia contra las mujeres.
•
Garantizar una cartera básica de servicios y prestaciones sociales para la
asistencia integral de mujeres víctimas de la violencia de género.
Además,
condenamos las atrocidades del Estado islámico, secuestros, torturas y
violaciones contra mujeres y niñas; la violencia causada por los integrismos
religiosos, guerras y conflictos armados; las víctimas de la trata y la
esclavitud sexual; la extrema situación de vulnerabilidad que sufren las
mujeres refugiadas, que incluye violencia física y sexual; así como los
retrocesos en derechos reproductivos, incluido el derecho al aborto, que ponen
en peligro la vida de mujeres y niñas.
Por
ello, instamos a los distintos gobiernos, autoridades y organismos europeos e
internacionales, a que atiendan los compromisos del Convenio de Estambul
(2011), así como los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que sitúan
la igualdad de género y la potenciación de mujeres y niñas en el centro del
desarrollo sostenible. Destacamos la Cumbre de la ONU de 2015, donde 93
gobiernos han respondido a ONU Mujeres para la acción, Planet 50-50 para el año
2030: para un toque de igualdad de género, y valoramos muy positivamente la
llamada a la importancia de abordar las necesidades, experiencias y las voces
de las mujeres refugiadas y migrantes.
