Manifiesto feminista ante las elecciones
legislativas del 20D
Las
organizaciones feministas proponemos a la ciudadanía y a las candidaturas que
se presentan, que las elecciones legislativas del 20 de diciembre de 2015
supongan una apuesta real por:
1.-
Más empleos de calidad y fin de los recortes, que aumentan la desigualdad y la
violencia de género.
La
persistente Tasa de Paro (19,9% de los hombres, 22,7% de las mujeres EPA3T2015)
es, con las reformas laborales, la principal causa de desigualdad, cebándose en
jóvenes, inmigrantes y mujeres, que acumulamos más paro, menor protección por
desempleo y peor empleo por la feminización del tiempo parcial.
Exigimos:
-La
derogación de las dos últimas reformas laborales-
Que
el pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres, y
no el integrismo del déficit, sean el centro de una nueva política económica
Que
el tiempo parcial se compute estadísticamente en tasa diferenciada de la del
tiempo completo, y se relacione con la pobreza y violencia contra las mujeres
Ratificar
el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y
Trabajadores Domésticos y establecer la protección por desempleo
Aprobar
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 426 euros mensuales para cerca de
2,1 millones de personas, dos tercios mujeres, demandantes de empleo sin
ingresos
Para
que nuestra economía no vaya de una burbuja especulativa a otra, destinar el 3%
del PIB a investigación y desarrollo, con equilibrio de sexos en el personal
científico del CSIC y las universidades.
Trabajar
menos para trabajar tod@s: reducción general de la jornada laboral
Eliminar
la brecha de género en salarios (32%), pensiones (38%) y cobertura por
desempleo (15%)
Eliminar
la declaración conjunta del IRPF, porque desincentiva de hecho el empleo de las
mujeres casadas
2.-
El reparto social del cuidado de la infancia y las personas en situación de
dependencia es vital.
El
gasto en atención a la infancia y a personas en situación de dependencia en el
Presupuesto del Estado para 2016 es menos de la centésima parte del destinado a
deuda pública, mientras de 2008 a 2014 han bajado un 15% los nacimientos de
madre española y 30% los de madre inmigrante, y también, por el aumento de
tasas, la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años, que sólo alcanza
al 33,7%, y únicamente el 47,3% de 1.577.207 solicitantes de atención por
dependencia tiene ayuda a domicilio, centro de día, residencia, asistente
personal o paguita a su cuidador/a familiar, a quienes el Estado aporta un
promedio de sólo 3 euros por persona y día.
Como
dice el 4º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU Sept 2015), para la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas es imprescindible
reconocer y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante
la prestación de servicios públicos.
Exigimos:
-
la cobertura universal, gratuita y pública de la escolarización de 0 a 3 años
-
la cobertura universal, suficiente y de calidad de la atención a las personas
en situación de dependencia, que crearía 600.000 nuevos empleos
-
una Ley que fije un calendario de ampliación del permiso de paternidad hasta
llegar a las 16 semanas que dura el de maternidad, de tal forma que cada
persona progenitora tenga su permiso igual, intransferible y pagado al 100% por
la Seguridad Social.
-aplicar
al IRPF la tributación individual y cubrir las necesidades de las familias
monomarentales, la infancia y personas mayores con gasto público, no con
desgravaciones fiscales que crean desigualdades territoriales y sociales
3.-
La igualdad entre hombres y mujeres, en la agenda política de salida de la
crisis
Reponer
el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, el Instituto de la Mujer diluido
en 2014 y los presupuestos para igualdad y violencia de género recortados un
32,9% (de 66 a 44 millones) de 2009 a 2016, reforzando su incidencia social y
política, su coordinación con las Comunidades Autónomas y su cooperación con
las organizaciones de la sociedad civil, como dice el punto 15 de las
Observaciones a España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer CEDAW.
Devolver
a los ayuntamientos la competencia en igualdad eliminada por la Ley 27/2013 y
su financiación, especialmente para la prevención y atención social, jurídica y
psicológica a víctimas de violencia de género.
Crear
un cauce amplio de participación de las organizaciones feministas, ya que el
actual Consejo de Participación de las Mujeres no es autónomo del gobierno, ni
representativo, plural, democrático y canalizador de las reivindicaciones del
movimiento feminista.
Cumplir
el preceptivo desglose por sexos de las estadísticas y su publicidad, y dar a
los preceptivos informes de impacto de género de leyes y normas el carácter de
análisis crítico del que ahora carecen, incluyendo el del Presupuesto del
Estado, incorporando la participación social.
Estado
laico
Políticas
para las mujeres con las mujeres: selección de candidatas y candidatos sin
estereotipos de género, listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres,
paridad en el reparto post electoral de cargos de gobierno y de alta
administración.
4.-
Reactivar la lucha contra la violencia de género
En
España una de cada cuatro mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia, según
la Macroencuesta oficial 2015, cifra que se incrementa un 33% en las mujeres
con discapacidad. Pero sólo el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos,
jurídicos o sociales, y sólo un 29% la denunciaron, y de ellas el 21% retiraron
luego la denuncia. En 2014 se presentaron 126.742 denuncias por violencia de
género, se concedieron 18.775 órdenes de protección y se dictaron 28.365
sentencias condenatorias (61,2%) y 17.948 absolutorias (38,7%). A 10.502 se les
facilitó el teléfono de localización y atención 24 horas ATENPRO, a 716 parejas
pulsera de seguimiento telemático de la Orden de alejamiento, y sólo a 426
víctimas (el 0,33% de las denunciantes) subsidio de desempleo de 426 € por 6 a
18 meses en pago único, y a 744 (0,6%) contratos con bonificación de la cuota
empresarial a la Seguridad Social.
La
multitudinaria Marcha contra las violencias machistas del 7N 2015 convocada por
el Movimiento Feminista exige que la lucha contra el terrorismo machista sea
una cuestión de Estado, e incluya tanto la violencia que ejerce la pareja o ex
pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la
trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las
violencias machistas. Exigimos:
Que
se cumpla el Convenio de Estambul del Consejo de Europa: vinculando la
erradicación de la violencia a la de la discriminación y la doble
discriminación de inmigrantes, mujeres con diversidad funcional y dependientes;
incluir en la Ley 1/2004 la violencia sexual y contra mujeres sin relación de
pareja; no supeditar la prestación de servicios y ayudas a la presentación de
denuncia o testimonio contra el maltratador, y trabajar en la educación como
sistema más extenso de prevención, cumpliendo los artículos 4 al 9 de la Ley
1/2004.
Que
se indemnice, conforme al Dictamen 47/2012 del Comité CEDAW, a Ángela González
Carreño, y se forme a la judicatura y otros agentes jurídicos para escuchar sin
prejuicios sexistas en el buen trato a las víctimas y valorar los antecedentes
y riesgos de violencia al establecer guardas, custodias y visitas, porque de
2008 a 2014 20 niños y niñas han sido asesinados por sus padres durante las
visitas. Fin de la impunidad de la negligencia judicial cuando se derivan de
éstas asesinatos feminicidas.
Reabrir
los Puntos de Encuentro Familiar cerrados o privatizados por los recortes y
asegurar la formación en violencia de género de todo el personal que los
atiende.
Modificar
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la
obligación de declarar contra el cónyuge o pareja, más que como derecho
funciona como advertencia a las mujeres y que contribuye a la impunidad.
Ampliar
y mejorar los cauces de participación de la sociedad civil, en particular las
organizaciones de mujeres en el Observatorio de Violencia y en todos los
organismos relacionados con la VG.
Eliminar
del Código Penal la sustitución de las penas de cárcel por multas en caso de
VG.
Especialización
obligatoria materia de violencia de género y estabilidad en el empleo de las/os
profesionales que tratan a/con víctimas, incluidos los Servicios de Asistencia
a las Víctimas, todo el personal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
los Puntos de Encuentro Familiar, etc., y en particular de los equipos
multidisciplinares de valoración integral. Mejora en la formación del personal
de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados, en especial
para prevenir el uso del pretendido Síndrome de Alienación Parental.
Suprimir
el art. 35 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, por ser una
norma contraria a las víctimas e innecesaria que da cobertura legal al discurso
de las denuncias falsas por violencia de género.
5.-
Erradicar la trata y la prostitución.
Manifestamos
nuestra solidaridad con las mujeres que ejercen la prostitución y nos oponemos
rotundamente a que sean perseguidas o penalizadas de cualquier forma. Pero
reclamamos políticas públicas para las que deseen abandonar la prostitución y
rechazamos su normalización por el capitalismo neoliberal que la ha incluido en
el PIB, porque, como dice la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero
de 2014, realimenta la pobreza, el racismo y la desigualdad entre hombres y
mujeres. Aunque no toda la prostitución deriva de la trata de mujeres y niñas, es
su principal destino. Exigimos:
Aprobar
una Ley Integral contra la Trata, conforme al punto 23 de las Observaciones del
CEDAW, con perspectiva de género y que vaya más allá del Plan 2015-2018
aprobado en septiembre 2015, que cuente con recursos reales (en los
Presupuestos 2016 sólo hay 2 millones para Atención a víctimas) de acogida, de
crisis, de salida y reintegración.
Poner
el acento en la gravísima violación de los derechos humanos de las víctimas de
trata con fines de explotación sexual y centrar los esfuerzos en el buen trato,
la protección de su seguridad, la reparación de los graves perjuicios sufridos,
el apoyo a las organizaciones que atienden a las víctimas y la prevención
efectiva, además de la sanción a los clientes.
Programas
más amplios de oportunidades alternativas de generación de ingresos para las
mujeres que deseen abandonar la prostitución.
Adoptar
medidas para reducir su demanda, como la educación afectivo sexual, la revisión
de los estereotipos y de los roles sociales de prostituidas y prostituidores
sexuales en la publicidad y los medios de comunicación. Prohibición de anuncios
de prostitución en los medios de comunicación
Adoptar
una definición de proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado y
sanción efectiva de quienes explotan la prostitución, que requiere la
redefinición legal de la situación de necesidad o de vulnerabilidad de la
víctima, en relación con la explotación, para corregir la actual imposibilidad
de sancionar el proxenetismo. Su actual definición (jurisprudencial antes,
ahora legal) como aquella en que la persona en cuestión "no tiene otra
alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso" (177 bis.1 CP,
último párrafo), hace imposible en la práctica sancionar la explotación sexual
al imponer una prueba diabólica, pues la inexistencia de alternativa a
cualquier cosa es imposible de probar.
Además,
si realmente hay voluntad política de efectividad en la lucha contra esta forma
de violencia contra las mujeres, como ya se planteó en la Comisión Mixta
Congreso-Senado sobre este tema, han de imponerse las correspondientes penas a
los dueños, gerentes, propietarios del local, arrendadores, etc. en los que
habitualmente se ejerza la prostitución, por estar lucrándose de ella.
6.-
Sanidad pública universal, que incluya la salud sexual y reproductiva y el
aborto
Exigimos:
Derogar
el Real Decreto Ley 16/2012 que priva del acceso universal al cuidado de la
salud especialmente a las mujeres, inmigrantes o nacionales sin cotización.
Derogar
la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía
para el aborto.
Garantizar
la atención al aborto en todos los centros públicos, sustituyendo a los
objetores.
Asegurar
el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de mujeres solteras
y lesbianas.
Evaluar
y corregir el impacto en la salud física y psíquica de la asignación a las
mujeres del cuidado de personas dependientes o enfermas, y de la contaminación
ambiental, la violencia de género, la discriminación de discapacitadas,
inmigrantes, rurales, ancianas e institucionalizadas, y de la incitación a la
cirugía estética para la sexualidad, la eterna juventud y la belleza.
Atender
con perspectiva de género la morbilidad diferencial entre hombres y mujeres.
Prevención
de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, de
rehabilitación..
Personal
de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por
profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.
Reforzamiento
de los servicios de salud mental con perspectiva de género.
Evaluar,
con la participación de las asociaciones de mujeres, el impacto de genero del
gasto público sanitario, actualmente inferior a la media europea (5,8% del Pib
frente al 7,2%).
Eliminación
del copago sanitario que penaliza a las personas ancianas en su mayoría
mujeres.
Atención
al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los
derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil)
1985.Reducir la alta instrumentalización del parto. No a la maternidad
subrogada
7.-
Igualdad en la sostenibilidad de los recursos naturales y sociales
Por
primera vez en tres millones de años la atmósfera de la tierra ha superado la
cota de 400 partes por millón de CO2 y otros gases de efecto invernadero,
elevando en 2 grados la temperatura respecto a hace dos siglos, con catástrofes
violentas o persistentes, y acidificando los océanos. Ningún derecho subsistirá
si colapsa el planeta. Todas las personas, instituciones y movimientos sociales
debemos revisar nuestros comportamientos individuales de producción, consumo y
transporte y nuestras propuestas colectivas para reducir urgentemente las
emisiones de gases y el cambio climático y universalizar los objetivos de
erradicar la pobreza, el hambre y las desigualdades, procurar salud y bienestar
para tod@s en todas las edades; lograr la soberanía alimentaria, mejorar la
nutrición y la agricultura, el acceso al agua y la energía; hacer sostenibles
las viviendas y ciudades, conservar los ecosistemas y la biodiversidad
terrestre y marina, y construir la paz, la inclusión social, el acceso a la
justicia e instituciones eficaces que rindan cuentas.
Construir
la Soberanía Alimentaria como facultad de cada pueblo para definir sus
políticas para el desarrollo agrario sostenible y la seguridad alimentaria, sin
gestionar el derecho humano a la alimentación y la lucha contra el hambre como
un negocio de las multinacionales, sino un asunto de la sociedad civil y la
población agraria locales.
Evaluar
cómo la agricultura y ganadería de proximidad evitan la pobreza o emigración de
la población rural y reducen el envasado y transporte de gran impacto ambiental
global. Adaptar las normas de sanidad alimentaria a las pequeñas explotaciones
y mercados y ampliar sus redes de comercialización para que no sucumban en
accesibilidad, horarios y precios a la de las multinacionales de supermercados.
Evaluar
la diferencia en el uso del tiempo por mujeres y hombres, tanto rurales como
urbanos, y su impacto ambiental por los hábitos personales y familiares de
compra, conservación y preparación de alimentos, vivienda, trabajo, consumo,
transporte.
Visibilizar
y empoderar a las mujeres del mundo rural, su participación en la vida
económica, y sociocultural y en la cohesión social y la gobernanza local, y
eliminar la exclusión de los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes del
equilibrio de sexos.
Asegurar
la conexión a internet y fomentar el uso de las tecnologías de la información
en el medio rural, eliminando la brecha digital de género en todas las edades.
Promover
el cooperativismo y el emprendimiento femenino rural con infraestructuras,
crédito y formación.
Impulsar
realmente la titularidad compartida por las mujeres de las explotaciones
agrarias, pues pese 5 años de la Ley 35/2011 más del 70% de los propietarios
son hombres.
Por
una política estatal de vivienda que incremente la inversión en viviendas
sociales, priorizando su acceso a las personas con rentas bajas, en especial a
las familias a cuyo cargo se encuentre una mujer. Una vivienda al alcance de
todos es fundamental para lograr una economía solidaria y sostenible y, en
particular, es básica para los y las titulares de rentas bajas, entre quienes
se sitúan especialmente las mujeres al frente de familias monoparentales.
8.-
Educar para la Igualdad
-Una
Ley Orgánica sobre la Ordenación del Sistema Educativo. Derogar la LOMCE y
sustituirla por una Legislación basada en el consenso social y la participación
de toda la comunidad educativa, con criterios de equidad social y de género.
-Supresión
de conciertos con escuelas que segreguen por sexos.
-Currículum
coeducativo. Contenidos educativos que promuevan activamente la deconstrucción
de los estereotipos sexistas y de los roles de género en todas las etapas. Y
medios formativos, personales y materiales para desarrollarlo.
-Establecimiento
de un área específica de educación para la ciudadanía que incluya la equidad de
género, en todos los niveles educativos.
-Orientación
académica y profesional que supere los estereotipos profesionales y la
segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo.
-Prioridad
a la educación socioemocional y en valores que promueva activamente relaciones
igualitarias y prevenga la violencia de género.
FORUM
DE POLITICA FEMINISTA
AS.
MERCEDES MACHADO DE TENERIFE
AS.
MUJERES DE LA RONDILLA, VALLADOLID
AS.
TRECE ROSAS, SALAMANCA
