Legalizar
el aborto salva vidas.
Desde
1994, más de 25 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto lo que ha
reducido la mortalidad materna producida por abortos inseguros. Pero la gran
mayoría de los gobiernos sigue oponiéndose ideológicamente al derecho a abortos
legales y seguros, negándose a considerar los problemas de salud pública que
suponen los abortos clandestinos realizados en condiciones inadecuadas. Todo
ello a pesar de los informes y recomendaciones de los organismos
internacionales que condenan enérgicamente las leyes que restringen el aborto,
especialmente las que lo prohíben y penalizan en todas las circunstancias. El
Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer estableció en su última sesión que el aborto seguro es un derecho y que
los Estados deben legalizarlo al menos en los casos de violación, incesto,
riesgo para la vida y/o salud de la madre o malformación fetal grave. Aunque
los muchos Estados prefieren ignorarlas o establecer otras paralelas, las
cifras demuestran que restringir y penalizar el aborto, poco influye en el
número de interrupciones del embarazo; cada año, se practican 22 millones de
abortos en condiciones peligrosas que suponen la muerte de 47.000 mujeres. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que las restricciones legales
“llevan a muchas mujeres a procurarse servicios en otros países o con
profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, exponiéndose a un
riesgo significativo de muerte o discapacidad.” Son las mujeres con menos
recursos las que sufren las consecuencias, ya que el 98 % de los abortos
inseguros se realizan en los países en desarrollo. En España millones de
mujeres se juegan la vida, bajo el yugo de una moral ajena y en nombre de un
puñado de votos.
Fuente: Luis Enrique Sanchez Acero, presidente Federación
Planificación Familiar Estatal; Ana Alcalde, directora Alianza por la Solidaridad;
y Elena Urdaneta, coordinadora de Médicos del Mundo.
--------
Programa de Acción de El Cairo, la declaración
del Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la
Mujer sobre salud y derechos sexuales y reproductivos del 57º periodo de
sesiones y el Informe del relator especial sobre el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental A/66/254, así como
la resolución 1607 (2008) del Consejo de Europa.
